MONTORO ESTA COMO UNA CABRA.No parará hasta que se largue el turismo de clase media alta residente en españa.SU POBLACIÓN CAE MÁS DE UN 20% Británicos y alemanes abandonan España tras la histórica subida de impuestos El aumento del IRPF, la caza fiscal de pensionistas y la obligación de declarar sus bienes en el exterior espanta a los residentes comunitarios.

MONTORO ESTA COMO UNA CABRA.No parará hasta que se largue el turismo de clase media alta residente en españa.SU POBLACIÓN CAE MÁS DE UN 20%
Británicos y alemanes abandonan España tras la histórica subida de impuestos
El aumento del IRPF, la caza fiscal de pensionistas y la obligación de declarar sus bienes en el exterior espanta a los residentes comunitarios.

M. LLAMAS
La histórica subida de impuestos aprobada por el Gobierno del PP no sólo ha afectado a los contribuyentes nacionales, sino también a los residentes extranjeros que viven en España. Y dentro de este ámbito, muy especialmente, a los trabajadores y jubilados comunitarios. Los constantes e intensos aumentos fiscales se están traduciendo en un elevado éxodo de europeos que optan por regresar a sus respectivos países de origen ante la agresiva ofensiva fiscal puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda.
La población extranjera comenzó a descender en 2011 y, desde entonces, España ha perdido algo más de 750.000 residentes foráneos, sobre todo en los dos últimos años. El número de extranjeros a fecha 1 de enero de 2014 apenas superaba los 5 millones de personas, 736.000 menos que a 1 de enero de 2012, lo que supone una caída del 12,8%, según refleja el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero esta pérdida se debe, en gran medida, a la salida de comunitarios. Los residentes de la UE cayeron desde los 2,6 millones a principios de 2012 hasta los 2,04 millones el pasado enero. Es decir, casi 555.000 europeos, equivalente al 21,3% de este colectivo, abandonaron España en los dos últimos años. Se trata de un hundimiento inédito.

Y, sobre todo, llama la atención la salida de alemanes y británicos, con casi 118.000 personas desde enero de 2012, más del 21% del total. En concreto, han huido más de 40.000 alemanes y 77.000 británicos durante este período, con caídas superiores al 20% en ambos casos, tal y como refleja el siguiente cuadro.

Población extranjera en España
En la actualidad, el número total de británicos y alemanes apenas ronda los 436.000 frente a los 554.000 residentes en enero de 2012, cuando echó a andar el actual Gobierno del PP. Dicho éxodo se concentró en 2013, momento en el que los extranjeros notaron realmente en su bolsillo la citada subida fiscal.

Según los asesores consultados por Libre Mercado, el aumento del IRPF, la entrada en vigor del nuevo convenio fiscal entre España y Alemania a finales de 2012 y, muy especialmente, la obligación de declarar a Hacienda los bienes radicados en el extranjero han provocado una importante fuga de residentes (y contribuyentes) de ambas nacionalidades.

"Los impuestos en España son muy altos", afirman desde Abacus Spain, en Palma de Mallorca, perteneciente al Club de Asesor, la mayor red de asesorías fiscales de España. Esta firma, especializada en atender a residentes británicos, pone como ejemplo el caso de los capitanes de barco, que están exentos de tributar en Reino Unido y que, sin embargo, aquí pagan el tipo máximo del IRPF (52%) debido a sus elevados sueldos. Asimismo, las pensiones británicas también están exentas del pago de impuestos, cosa que no sucede en España.

Muchos jubilados ingleses no declaraban su pensión en España por desconocimiento y falta de información. Sin embargo, Hacienda ha emprendido en los últimos meses una intensa campaña de inspecciones para aflorar pensiones extranjeras que está afectando tanto a españoles repatriados como a residentes foráneos.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la obligación de declarar su patrimonio en el exterior. "Esto no les ha gustado nada", aclaran los asesores. La reacción de los británicos no se ha hecho esperar. Muchos han hecho las maletas, han puesto a la venta sus casas y han regresado a Reino Unido. Ahora, "vienen a España sólo en verano".

No son los únicos. Los alemanes también están regresando. Ignacio del Val, experto fiscal del bufete germano Rödl & Partner, coincide en que la combinación de más IRPF, declaración de bienes en el exterior y el nuevo convenio fiscal entre ambos países ha hecho mella entre estos residentes, sobre todo entre los jubilados, obligados ahora a declarar su pensión.

Así, aunque se suele poner el acento en los tipos del IRPF, lo más importante es la base imponible (masa salarial sobre la que se aplica), y la cuestión es que en Alemania, gracias a las deducciones y a los distintos tramos existentes, pagan menos que en España. Las subidas fiscales y las nuevas exigencias que impone Hacienda, como la declaración de bienes en el exterior y las obligaciones derivadas del nuevo convenio bilateral de colaboración fiscal, han elevado los costes de residir en España.

La situación es algo distinta en el caso de los directivos alemanes que trabajan aquí, ya que aún se pueden beneficiar de las ventajas fiscales derivadas de la denominada Ley Beckham, pero Del Val añade que "ahora tienen que declarar absolutamente todo", incluido su patrimonio en Alemania, lo cual supone una "importante carga administrativa".

La visa por vivienda, un fracaso absoluto

Al mismo tiempo, el Gobierno ha fracasado estrepitosamente en su intento de impulsar la compra de vivienda a cambio de conceder permisos de residencia. Desde la entrada en vigor el pasado septiembre de esta medida, tan sólo 81 inversores extranjeros se han acogido a la llamada golden visa.

De éstos, 72 han optado por la compra de una vivienda por un precio igual o superior a 500.000 euros. Otras formas de conseguir el permiso de residencia es con la compra de depósitos por un millón de euros o de la puesta en marcha de proyectos empresariales de "interés general". Sólo tres corresponden a estos proyectos empresariales y los otros seis a inversión en capital.

Dos golfos a hostia limpia. El uno está loco fiscalmente hablando, y el otro está de ministro por demostrar que fue capaz de quebrar Lehman Brothers.En vez del manicomio y la prisión gobiernan en España.

FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL

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LA GRANUJADA DE LOS CRÉDITOS FISCALES DE LA BANCA QUEBRADA,QUE ES TODA, COMPUTARÁ PRIMERO COMO DEUDA,Y DESPUÉS COMO DÉFICIT A MEDIDA QUE HAGA FALTA, QUE ES SEGURO.

Guindos y Montoro chocan de nuevo ante Bruselas por los créditos fiscales de la banca

Eduardo Segovia

La calma, al menos aparente, entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro ha vuelto a romperse. Y lo ha hecho por uno de los temas que más fricciones creó entre ambos el año pasado: los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca. La espoleta ha sido la reticencia de la oficina estadística de la UE, Eurostat, a la intención de España de que estos créditos fiscales no computen como déficit ni deuda públicos, una reticencia que ha sembrado el temor en el sector por la posibilidad de que este impacto en las cuentas públicas reduzca el importe de estos activos, con el consiguiente reflejo en su capital justo antes de los test de estrés.

La aprobación del real decreto-ley que modificaba el tratamiento de estos activos para que no tuvieran que restarse del capital de las entidades se demoró varios meses precisamente por las reticencias de Hacienda, que quería estar completamente segura de que esta norma no iba a tener impacto en las cuentas públicas. Así, cuando se aprobó a finales de noviembre de 2013, todo el mundo entendió que este extremo se había negociado con Bruselas. Además, España lo único que estaba haciendo era ponerse a la altura de los grandes países europeos, que ya tenían normas similares o incluso más favorables a la banca, y la UE no había puesto pegas.

Pero ahora, según informan fuentes de Economía, el problema es que varios países más (entre ellos Portugal) van a aprobar normas similares y Eurostat quiere unificar la forma de contabilizar estos créditos en toda la UE. Según estas fuentes, se trata de "una cuestión técnica" sin mayor importancia. Desde Hacienda, el mensaje es todavía más relajado, ya que fuentes de este departamento aseguran que no hay ninguna novedad en este campo y que se trata de una "tormenta en un vaso de agua". Pero, en privado, ambos ministerios acusan al otro de generar esta nueva polémica. Y lo peor es que la temperatura puede subir mucho más si efectivamente los DTA impactan en las cuentas públicas.

Que es lo que está en juego, según fuentes del sector, donde no se ve ni mucho menos con tanta tranquilidad esta nueva polémica. Estas fuentes explican que lo que está en juego es si los DTA monetizables deben computar o no en la deuda pública. Ahora mismo, no cuentan ni para el déficit ni para la deuda, tal como aseguró Guindos en noviembre, cuando dijo que costaría dinero a los contribuyentes. Su impacto en déficit sólo se producirá si estos créditos se activan y se "monetizan", es decir, si los bancos los cobran de Hacienda con la consiguiente pérdida para el Estado.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (EFE)

Como explicaba recientemente el Banco de España en su Informe de Estabilidad, "en efecto, si llegara a ser necesario, se permitirá la compensación de los saldos a que se refiere la nueva norma con otras deudas de naturaleza tributaria, o bien su reembolso. La activación de este nuevo mecanismo se producirá solo en supuestos muy restrictivos: íntegramente, en caso de insolvencia o liquidación de la sociedad y, si existen pérdidas contables, de forma limitada a la proporción que representen las pérdidas sobre los fondos propios de la sociedad. Si los DTAs incluidos en el ámbito de la norma no revierten en el plazo de 18 años, se podrán canjear por valores de deuda pública”.

La banca teme que se reduzcan los 40.400 millones

Por ejemplo, si una entidad suspende los test de estrés, podrá pedir el reembolso de estos activos para cubrir su déficit de capital. Pero, a priori, no tienen impacto en el déficit. Cosa distinta es la deuda, que es donde está la polémica. En principio, los DTA son similares a un aval, por lo que se consideran deuda avalada y no computan en la deuda pública mientras no se ejecuten. Pero Bruselas no lo tiene claro y plantea la posibilidad de que deban incluirse puesto que, en definitiva, se trata de compromisos del Estado a los que debe hacer frente en el futuro sí o sí. Lo que permite que no se resten del capital es esa garantía de recuperación aunque las entidades no tengan beneficio suficiente para restárselo de sus impuestos en el futuro.

Y la cuestión no es baladí, puesto que estamos hablando de 40.400 millones. De hecho, sin el cómputo de una parte de ellos como beneficio, las cajas estarían en pérdidas en 2013. El temor de la banca es que al final la UE imponga que los DTA se incluyan en la deuda pública, y eso fuerce al Gobierno a cambiar la norma para "reducir el perímetro de activos monetizables"; esto es, rebajar esos 40.400 millones. Porque eso sería una catástrofe para el sector, ya que lo que no entre en la norma se lo tiene que restar del capital. Y justo en la víspera de los test de estrés.

¿De dónde vienen los DTA?

Los DTA provienen de las fuertes provisiones realizadas en los años anteriores para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones, que no son deducibles fiscalmente sino que generan un activo fiscal para el futuro (diferido) que se resta de los impuestos que pagarán las entidades. Con el cambio de la norma del año pasado, el Gobierno garantiza que las entidades recuperarán todos esos activos aunque no tengan beneficios suficientes para restárselos en los próximos 18 años o aunque vuelvan a tener pérdidas o incluso se liquiden. Esa garantía permite que no tengan que deducirse del capital, como exigen las normas de Basilea III, y que las entidades puedan 'activar' una parte y apuntársela como beneficio, que es lo que hicieron masivamente las cajas en 2013.

En principio, la compensación de estos créditos fiscales con los impuestos futuros se iba a producir de todas formas, con lo que la pérdida para Hacienda va a ser la misma y no cambian las obligaciones del Estado. Lo único que cambia es que los DTA no se restan del capital. Pero para ello concede esa garantía de recuperación en cualquier escenario, y eso sí supone un compromiso que debe cumplir el Estado, lo cual es un argumento para que compute como deuda pública.